HACE dos semanas se plasmó en el Congreso de los Diputados la última evidencia de la necesidad y urgencia de un acuerdo educativo. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, expuso en la Comisión de Educación su programa en esta materia. Sus reformas: asignaturas que se sustituyen, provocando el repudio o el aplauso en función de siglas políticas y cambios en la estructura de etapas educativas, indagando en la supuesta ineficiencia del gestor anterior. El mismo Ministerio de Educación ha decidido suprimir los temarios de las oposiciones para docentes aprobados por el anterior ejecutivo en noviembre y sustituirlos por los anteriores.

Son solo los últimos ejemplos que denotan la necesidad de dotar al sistema educativo de un marco legal de estabilidad que no tenga que depender de las fluctuaciones políticas y que ponga el acento en las necesidades del alumno, centro de gravedad del conjunto del sistema. Administración y agentes sociales debemos actuar con corresponsabilidad para garantizar a cada alumno los instrumentos necesarios para su desarrollo personal y social.

El diagnóstico que dibujó el señor Wert en Madrid nos queda más lejano que el esbozado el mes pasado por el "Informe sobre la Educación en Euskadi 2008-2010" del Consejo Escolar, texto aprobado a pesar del reconocimiento expreso de la falta de datos del profesorado de la red concertada (¡50% del sistema!).

El juego de mayorías no debe borrar el principio fundamental de trabajar con horizontes claros, consensuados y definidos, que superen la inestabilidad derivada de constantes cambios legislativos, en función de políticas coyunturales. En Educación, es necesario contar con una planificación estratégica con indicadores comunes, claros y precisos, para el conjunto del sistema educativo vasco. Lo exige el alumno, su desarrollo personal y social. Lo exige el propio sistema educativo.

La consecución de las finalidades educativas y sociales del sistema educativo vasco requiere sellar un acuerdo educativo y social. Un acuerdo que establezca los elementos constitutivos del sistema: sus objetivos, recursos, necesidades, medios, personas e instituciones y la forma en la que éstas se articulan y organizan entre sí. El acuerdo debe sellar, por tanto, los ejes de un sistema en el que los centros, titulares o redes educativas no somos más que meros instrumentos. A partir de ahí, todos los centros son igualmente aptos para la consecución de los fines del sistema, con independencia de quién sea su titular y de cuál sea su naturaleza jurídica.

A recientes declaraciones de la Consejera de Educación que apuntaban a que las diferentes redes "juegan en campos diferentes; no tienen ni las mismas obligaciones, ni las mismas responsabilidades, ni la misma naturaleza jurídica", se ha sumado en la presente campaña de matriculación el mensaje de que los padres deben optar por la escuela pública "porque tenemos los mejores recursos". Sería preferible referirse a una financiación estructural básica adecuada para cubrir las necesidades allí donde se produzcan, desde el análisis y la aceptación de los costes reales. Una financiación que garantice realmente la igualdad de oportunidades, desde la justicia social, la equidad y la igualdad para todos los ciudadanos.

¿Por qué no construir, entre todos, un sistema educativo que tienda a la excelencia, desde un trabajo colaborativo en red entre los agentes educativos y la Administración? Siendo conscientes, eso sí, de cuál es el corazón y la razón de todo el sistema, el objetivo al que nos debemos los que lo integramos. El terreno de juego del señor Wert, el del Consejo Escolar de Euskadi o el de la Consejera de Educación es, o debe ser, el mismo. El objetivo es, y debe ser, el mismo: el alumno.

Mikel Ormazabal, Director generala adjunto de Kristau Eskola

Tomado de Noticias de Guipuzcoa